Por fin se ha producido el cese del Consejo Territorial de Catalunya y, aunque esperada o deseada, la noticia no deja de provocar una sensación de error, de algo que no es del todo correcto, ya que no es la forma en que se debería haber producido. Parece ser que han pesado más los deseos y urgencias de algunas personas que no el respeto al espíritu más democrático.
El que la incompetencia demostrada por el CT cesado haya alcanzado unos niveles considerables no justifica el que se haya hecho uso, esta vez sí, de una interpretación estricta de los Estatutos del Partido.
Cesar al CT siete días antes de cuando, cumpliendo estrictamente lo que exigen los Estatutos (art. 38 puntos 1 y 4; art. 39 punto 2, letra j), ha convocado la celebración de la Asamblea anual ordinaria tiene poco de regeneración política. La verdadera regeneración democrática tiene más que ver con la participación, el debate y la expresión de la soberanía mediante el ejercicio del voto. Aunque parece ser que para algunos, y a tenor de las manifestaciones indisimuladas de júbilo que pueden leerse estos días, es más importante ganar en los despachos que no en las urnas.
Que se haya usado como justificante del cese lo establecido en el artículo 37.9 sin tener en cuenta que las dimisiones de los miembros del CT no se han producido en todas a la vez y que el CT no tiene capacidad para ratificar los nuevos nombramientos al margen de la Asamblea Territorial Ordinaría que se acababa de convocar es, cuando menos, excesivamente riguroso. Además crea un problema de índole político importante ya que la literalidad del precepto estatutario invocado para justificar la decisión del cese del CT, obliga a convocar la asamblea Territorial Extraordinaria en el plazo de dos meses, justo cuando se esté preparando o realizando la campaña electoral de las próximas elecciones municipales. Una auténtica barbaridad. Por qué claro, a nadie se le ocurrirá incumplir los Estatutos.
Bueno, con el tema de incumplir los Estatutos después de leer lo que se ha publicado sobre la justificación real que se da para poner en marcha el mecanismo de cese, pues no se qué pensar. De entrada, estatutariamente parece ser que el Consejo de Dirección no tiene competencia para determinar o modificar un orden del día, que en el caso de la Asamblea Territorial Ordinaria de los Consejos Territoriales viene establecido por los Estatutos. Sería interesante el saber en qué se basa el Consejo de Dirección para modificar ese orden del día y qué interés tiene en que no se debata el informe de Gestión. También resulta sorprendente el que se afirme que se ha intentado forzar al CT a convocar una asamblea con el único fin de someter a ratificación el nombramiento de los nuevos componentes del CT. Esto resulta especialmente incomprensible y fuera de Estatutos, ya que éstos solo contemplan la ratificación de los nuevos miembros de los CT, s. en la siguiente Asamblea Territorial Ordinaria. Y hay que recordar que los Estatutos solo contemplan una Asamblea Territorial Ordinaria y todas las Extraordinarias que considere el CT o el 40% de los afiliados.
Otro aspecto llamativo es la descalificación que se hace de la reunión en la que parece ser que se aprobaron los informes político y de gestión. Según los Estatutos, las decisiones tomadas por mayoría en las reuniones del CT a las que asista la mitad más uno de los componentes del citado órgano son válidas y en este caso parece ser que así era. Consecuentemente todas las demás interpretaciones que se hagan al margen de lo anteriormente expuesto carecen de valor y basar en ellas una decisión de cese de un CT es un tanto arriesgada. Y más ponerlo por escrito.
En las sociedades modernas democráticas la calidad de dicha democracia viene determinada, principalmente, por el grado de respeto y cumplimiento de sus leyes. Por esta razón, UPyD si quiere aspirar a liderar la sociedad española tendría que ser muy cuidadosa y escrupulosa con el cumplimiento de sus Estatutos. Y cuando surja la duda ante una determinada actuación, siempre será mejor una votación antes que un decreto.
Lamentablemente con la decisión tomada no se ha resuelto nada, salvo las urgencias de alguno. Se sigue sin tener formada una mayoría que pueda ser capaz de liderar el proyecto de UPyD en Catalunya y además de boicotear los intentos de conformar esa mayoría, con la decisión tomada se han creado demasiados agravios como para presuponer que esta situación tenga fácil solución. Quizás lo que se quiere precisamente es eso, que no se arregle para que el partido quede reducido a la mínima expresión y de esta manera no tener ni estructura estatutaria.
Ojalá pudiera ser posible la rectificación y el que se convocara la Asamblea Territorial Ordinaria y que los afiliados pudieran escuchar y decidir. Todos ganaríamos y UPyD más.
Angel Milla
Angel Milla
