CRÓNICA DE … ANUNCIADA

Lo que se rechazaba de una forma incomprensible, (y con pobres argumentos),  y además desde la dirección de UPyD no se quiso ver, acaba de  materializarse. C,s , dentro de un proceso lógico y totalmente previsible, se vuelve a presentar a nivel nacional. Y esta vez parece que la decisión no se ha tomado a la ligera, como ocurrió cuando C,s  se presentó a las elecciones generales de 2008, ni apareciendo con extraños acompañantes, como ocurrió en las elecciones europeas del año 2009.

Del análisis del movimiento realizado por C,s se desprende una única y clara conclusión, C,s pretende hacer lo mismo que  UPyD, y esto, dependiendo como se gestione y qué pasos se den a partir de ahora, no solo es inconveniente para UPyD, sino que es inconveniente para España. Y no podemos caer en la descalificación pueril de C,s con argumentos del tipo “nosotros ya estábamos aquí” o similares. C,s ha tomado una decisión política que nos afecta y hay que actuar en consecuencia, guste o no. Bueno, también se puede aplicar el estilo del Presidente del Gobierno, esto es, no hacer nada y esperar que el tiempo resuelva.

El manifiesto publicado por C,s, aunque formalmente quién lo publica es la plataforma denominada Movimiento Ciudadano, coincide punto por punto  con ideas programáticas de UPyD. Se podría esperar que algunas de estas ideas matizarán algún aspecto del ideario de UPyD, pero ni eso es posible encontrar en el citado manifiesto.

Anunciando una presentación a nivel nacional, C,s priva a UPyD de uno de sus más característicos eslóganes, el de ser un partido nacional que dice en todos los lugares de España lo mismo.

Y si en los ideales y en el ámbito de actuación el parecido conseguido es extraordinario, también C,s consigue un gran parecido en lo referente a las personas, al incorporar a este plataforma la figura del ex ministro socialista Antoni Asunción, además de las diferentes personalidades que, desde diferentes ámbitos, han manifestado un claro apoyo al líder de C,s

La forma en que C,s da este paso es interesante y se presta a dos interpretaciones. Una es que ante la incertidumbre del apoyo que pueda generar C,s en el resto de España, y para no comprometer al partido, se crea una plataforma que, si no genera el apoyo esperado, se disuelve sin más. Otra interpretación es que, sabiendo que un enfrentamiento con UPyD conlleva unos riesgos elevados, además de ser tremendamente perjudicial para los ciudadanos, se ha preferido dar un paso intermedio, con el que se anuncian unas intenciones, pero dejando un amplio margen para la negociación política.

Independientemente de estas dos interpretaciones, la realidad es que este movimiento es el primer paso de C,s en el ámbito nacional. Y este primer paso lleva directamente a encontrarse con UPyD en las próximas convocatorias electorales.

Y ante este hecho cabe preguntarse, parafraseando al premio Nobel, ¿Estamos ante la crónica de una unión anunciada o ante la crónica de un enfrentamiento anunciado?

En el primer caso los ciudadanos, y con ellos España, ganarán y en el segundo caso, quizás uno de los dos partidos llegue a superar al otro, (o lo parezca), pero los ciudadanos y España perderán otra gran oportunidad.

Ya lo he expresado muchas veces, la unión de UPyD y C,s daría lugar a un gran partido de centro que, cuando menos, sería un contrapeso fundamental para corregir políticas erróneas del PP y del PSOE. Y es más que probable que fuera un extraordinario socio de gobierno.

Que esta unión depende de que las direcciones de los dos partidos tengan voluntad real de unirse es obvio, (no creo que sean los afiliados los que se oponen a esa unión o colaboración),pero una de las dos tendrá que dar un primer paso en esa dirección. Hasta ahora UPyD siempre ha rechazado los hipotéticos pactos que ha propuesto C,s sin llegar a considerarlos, con lo que no se ha podido evaluar la realidad de esos hipotéticos pactos. Ahora C,s ha puesto en marcha una plataforma para aglutinar a una sociedad civil que comparte unos ideales reflejados en el manifiesto publicado. Ideales que coinciden con los ideales defendidos por UPyD.  Estas dos circunstancias, el que sea una plataforma ciudadana lo que propone C,s y el que los ideales sean prácticamente los mismos, deberían facilitar el acercamiento de UPyD a C,s Si desde UPyD se piensa en los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de partido, UPyD debería aprovechar la ocasión, antes de que esta plataforma se derive formalmente en el partido político Ciudadanos, para apoyarla y firmar su manifiesto. E iniciar de esta forma un proceso de evaluación y sondeo de la voluntad de C,s de llegar a un pacto político por España. Así mismo, si en C,s domina el interés por los ciudadanos  y por sus problemas y no el mero interés partidista, también mostrará su voluntad por el acuerdo.

Ya he insistido muchas veces  en que el enfrentamiento no lleva a ningún lado, más allá de satisfacer la vanidad personal de los líderes de ambos partidos, y que por separado ninguno de los dos partidos van a llegar a ser verdaderas alternativas de poder. Como mucho, lo más previsible es que puedan ser decisivos en alguna ocasión, como partidos minoritarios, para formar gobierno y esta circunstancia, cuando se ha dado y se ha dado demasiadas veces, no ha sido especialmente buena para los intereses generales de España.

Ya que C,s ha decidido tomar esta iniciativa política cuando en UPyD estamos a las puertas de celebrar nuestro congreso, aprovechemos la ocasión para tomar una gran decisión política y retomar la iniciativa.

En definitiva, espero que por el bien de España estemos ante la crónica de una unión anunciada y no ante la de un enfrentamiento.

Angel Milla

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Leyendo la prensa actual, escuchando las informaciones de radio y televisión, y observando la realidad española, da la sensación de que todo se hubiera hecho mal en España en los últimos treinta años y que es necesario hacer reformas en profundidad.

En que hay que hacer reformas en profundidad no hay ninguna duda, el problema es en determinar en dónde hay que hacer esas reformas. Y en primer lugar habría que empezar por determinar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que, aún habiéndose diseñado bien, no se ha sabido aplicar o realizar bien y qué es lo que se ha hecho lisa y llanamente mal.

En mi opinión, una de las cosas que se han hecho bien es  la Constitución, el  establecimiento de la democracia, la implantación de los partidos políticos  y el desarrollo del estado de derecho. Pero estos logros, objetivamente positivos, han quedado empañados por el hecho de que debido a la falta  de experiencia democrática de la sociedad, ésta  no ha sabido acabar de desarrollarlos en profundidad ni de beneficiarse en toda su amplitud de los mismos. Es más, la sensación de que  todos estos logros sólo han servido para que determinados grupos de personas se hayan enriquecido a costa de los demás es una dura realidad.

No hay duda de que en política, cómo en cualquier otro aspecto de la realidad, cuando hay que analizar por qué no funciona algo hay que empezar por lo fundamental. Y lo fundamental en la vida política de España son los partidos políticos, tal como establece nuestra Constitución, (art. 6).

Entre todas las propuestas de reformas que hacen los partidos políticos brillan por su ausencia, o por su poca profundidad, las referidas a la reforma del funcionamiento de los propios partidos  que los ciudadanos están reclamando. Aunque es cierto que  últimamente se empiezan a ver artículos reclamando una profunda regulación del funcionamiento de los partidos.

Una de las carencias de nuestra Constitución y del posterior desarrollo legislativo es, precisamente, el no haber definido con exactitud y concreción el tipo de asociaciones que son los partidos políticos, determinando, más allá de la escueta exigencia del funcionamiento democrático, qué obligaciones y derechos atañen tanto a los propios partidos como a sus afiliados.

A la hora de constituirse los partidos políticos, a pesar de su carácter fundamental dentro de la actividad política, no tienen más que cumplir la legislación común a cualquier asociación. Y es precisamente esta equiparación a cualquier asociación lo que impide una mayor regulación, al ser el derecho de asociación también un derecho fundamental que no puede ser limitado, salvo lo que establezcan las propias normas de las asociaciones. Por supuesto que estas normas no pueden ser contrarias  a la ley, pero dada la discrecionalidad de dichas normas, aún dentro de la ley, en el caso de los partidos políticos hacen que éstos acaben perdiendo  su capacidad de representación social para convertirse en organizaciones que sólo sirven a las élites que dominan dichos partidos. Élites que en lo último que piensan es en promover una eficaz regulación del funcionamiento de los partidos y que ya les viene muy bien el que el poder judicial, fiel a su tradicional  mirar hacia otro lado, cuando les llega alguna reclamación sobre algún comportamiento interno no democrático de los partidos políticos,  se agarren al derecho constitucional de libre asociación y zanjen el asunto  sin entrar en el fondo de la cuestión y haciendo caso omiso de su deber constitucional de ser garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso  frente a los posibles derechos de los partidos.

 Esta falta de regulación ha hecho que los partidos políticos sean entes casi ajenos a cualquier tipo de control, con lo que han generado unas estructuras orgánicas de poder que tergiversan totalmente su papel como transmisores de la voluntad de los ciudadanos.  Y es de señalar que la grave situación por la que atraviesa España, deriva principalmente del anómalo funcionamiento de  organismos cuya regulación ha sido prácticamente inexistente, partidos políticos y entidades financieras, entre otros. Las entidades financieras parece ser que sí están siendo ahora sometidas a una adecuada regulación, pero sin asumir ninguno de sus errores ni sus responsabilidades.

Un primer tema interesante para empezar a analizar su regulación es el asunto de la propiedad que, en el caso de  entidades financieras, asociaciones y otras entidades en general  suele estar  claro, en cambio, en  el caso de los partidos políticos se presta a interpretaciones, por lo menos a interpretaciones de interés político.

Normalmente, en el caso de la mayoría de entidades  el objetivo de las mismas solo atañe a sus propios socios, al reducido grupo de beneficiarios de sus acciones y a los que hacen uso de sus servicios. En cambio, en el caso de los partidos políticos la propiedad de los mismos en donde reside, ¿en las élites que los crean o dirigen?, ¿en el conjunto de sus afiliados?, o ¿son los ciudadanos, en su conjunto, los propietarios reales?

En el primer caso la respuesta es rotundamente no, aunque en la actualidad en España, y por falta de regulación y de cultura colectiva democrática, la realidad es que esas élites se comportan y actúan como dueñas absolutas de sus respectivos partidos. En el segundo caso, y atendiendo a su condición de asociaciones y por similitud con estas, la respuesta más lógica parece ser la afirmativa.

Pero si nos atenemos a su condición de ser fundamentales para la participación política, tal como establece la Constitución,(art. 6),  con carácter exclusivo,  a que su financiación es pública en porcentajes cercanos al cien por cien y a cómo nuestro Código Civil define la propiedad, (C.C.art.348), la respuesta puede prestarse a otras interpretaciones.

Si nos atenemos a la definición de propiedad del Código Civil, parece que son los ciudadanos en su totalidad los que ostentarían la propiedad de los partidos políticos ya que son los únicos que, en su totalidad,  tienen derecho a “gozar y disponer de los mismos” Esta idea estaría reafirmada por el hecho de que la financiación de los partidos políticos es pública casi en su totalidad.

 En este planteamiento, los partidos políticos deberían ser considerados como un servicio más del Estado, como la Seguridad Social, la Administración de Justicia, Educación, etc., y estar sometidos a una regulación más adecuada para cumplir el fin que la Constitución les encomienda. Una regulación que impidiera que los partidos políticos vivan encerrados en sí mismos, dominados por unas élites que coartan la participación política hasta de sus escasos militantes y que sólo buscan su permanencia en el poder. Una regulación,  que a la vez, facilitara la participación activa de los ciudadanos en la actividad política y obligara a los partidos políticos a contar de una forma real con los ciudadanos y no solo a buscarlos el día de las votaciones.

Esta regulación debería establecer normas precisas para la celebración de los congresos generales de los partidos, adecuando su frecuencia a uno o dos años, tal como ocurre en otros países de Europa; establecer el nivel competencial de la organización territorial, a semejanza de cómo ocurre en la organización del Estado, estableciendo límites claros a los derechos y obligaciones de cada uno de los niveles en que cada partido se organice; establecer como principios rectores de la vida interna del partido los reflejados en la Constitución, respetando  escrupulosamente los derechos fundamentales de todos los afiliados  y determinar normas precisas, y todo lo amplias que sean necesarias, para asegurar una total transparencia en la gestión de los partidos políticos.

Toda esta regulación no serviría de nada si, como ocurre en cualquier ámbito de las actividades humanas, no hubiera una financiación necesaria y suficiente para que los partidos políticos cumplieran su papel fundamental de instrumento de la participación política.

En la actualidad la financiación pública está condicionada por los resultados electorales, pero estos no reflejan con exactitud las preferencias de los ciudadanos españoles debido al reparto de escaños que establecen las diferentes legislaciones electorales. Y es el número de escaños o de concejales obtenidos los que determinan los fondos públicos a obtener por los partidos políticos, por lo que el principal objetivo de los partidos políticos es el conseguir esos escaños que les den acceso a la financiación pública, sin la cual no podrían subsistir.

Este sistema hace que los partidos estén más pendientes de obtener el apoyo de algún grupo mediático o financiero que les facilite el conseguir esos escaños, que no de conseguir el apoyo de un mayor número de afiliados.

Si la financiación de los partidos políticos estuviera  fundamentada en la afiliación, además de poder estar suplementada en función de los resultados electorales, obligaría a las direcciones de los partidos a cuidar su afiliación y a desarrollar políticas que la aumentaran. La actitud de las direcciones de los partidos políticos hacia sus militantes y hacia la población en general cambiaría de una manera radical si el nivel de financiación dependiera, en gran medida, de la afiliación.

Además del efecto beneficioso que para la democracia española tendría el que los partidos tuvieran que desarrollar políticas y actuaciones más cercanas a los intereses de los ciudadanos,( para lograr su afiliación), una financiación de este tipo también facilitaría el acceso a la actividad política  de ciudadanos que, aún reuniendo las condiciones y creando un partido político, no disponen de la necesaria financiación ni acceso algún grupo mediático o financiero que les permita desarrollar su labor política. La financiación pública basada en los afiliados también dificultaría que iniciativas políticas de interés para los ciudadanos cayeran en manos de grupos con capacidad para financiarlos, pero de dudoso carácter democrático.

Actualmente existen medios más que suficientes para controlar de una forma fehaciente el número de afiliados a cada uno de los partidos. A través de la cuota de afiliación sería muy fácil ese control y si además, para cumplir estrictamente con el principio de igualdad de todos los ciudadanos y de que nadie  tuviera que pagar más por participar en la política de su país, esa cuota de afiliación fuera directamente compensable en la declaración de la renta, la fiabilidad del control sería alta.

En cualquier caso, lo que necesita España con urgencia es una regulación precisa del financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos, que su financiamiento sea más democrático y transparente y que su funcionamiento no quede al albur de lo que decidan los propios partidos, tal como establece la legislación actual, ya que está demostrado que lo que deciden es lo que beneficia a sus cúpulas dirigentes y no lo que es beneficioso y necesario para la sociedad en general. Y me refiero al funcionamiento y gestión interna de los partidos, no a sus propuestas de carácter ideológico o programático, donde no caben limitaciones, salvo aquellas necesarias e imprescindibles para la salvaguardia de la democracia.

Angel Milla

ROSA DÍEZ, ¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?

Acabada la dictadura del General Franco, por muerte natural, parecía que el siglo XX iba a acabar con la recuperación del tiempo históricamente perdido y que, por fin, tendríamos dirigentes políticos que se dedicarían a gestionar nuestros intereses desde la justicia, la libertad y la igualdad.

Vana ilusión. Lo que parecía un país  en libertad, justicia e igualdad ha quedado en lo que parece un sistema organizado para que unos pocos se hayan dedicado a esquilmar a todos los españoles. Sí, quizás libertad si que ha habido, pero más como coartada y como distracción de los ciudadanos, para que no nos diéramos cuenta de que nos estaban robando impunemente, que como objetivo real.

Y ante esta situación, los dos partidos políticos mayoritarios y  adláteres que les han apoyado, cuando han tenido la posibilidad  y el apoyo para gestionar este país con justicia e igualdad, lo único que han hecho es desertar de su obligación a las primeras de cambio, mirar hacia otro lado mientras auténticos sinvergüenzas se dedicaban a maquinar e intrigar para  desplumar al país entero y proteger y ocultar a los miembros de sus partidos que han participado activamente en este expolio. Partidos políticos que en vez de esforzarse en procurar el bienestar de los ciudadanos, se han dedicado a que sus  cúpulas dirigentes no perdieran sus particulares beneficios y cuotas de poder.

Como a principios del siglo XX ahora, a principios del siglo XXI, también el descrédito de los viejos partidos políticos ha alcanzado cotas escandalosas y sin que se den signos de una posible regeneración. Al contrario, cada día que pasa se hace más patente la imposibilidad de los dos grandes partidos, socialista y popular, de solucionar la situación. Son incapaces de ofrecer soluciones, más allá de culparse mutuamente por la situación actual y cifran todas sus esperanzas en la ayuda de Europa, a la vez que esconden sus incapacidades ante las condiciones de Europa, sin aportar realmente nada positivo.

Este panorama político presenta grandes similitudes con el que se daba hace cien años, donde el partido liberal y el conservador, amparando ambos el sistema monárquico, se desmoronaban ante el surgimiento de otras fuerzas políticas, más consecuentes  con los tiempos que se vivían de miseria y pobreza, como republicanos, radicales, comunistas y socialistas. Y todo esto, bajo la excesiva influencia de la iglesia católica, el resurgir de los nacionalismos vasco y catalán y la presencia inquietante del Ejército, que seguía traumatizado por las derrotas de finales del siglo XIX y buscaba rehacer sus glorias militares y que, afortunadamente, hoy por hoy es plenamente constitucional y alejado de cualquier veleidad intervencionista.

Como consecuencia de las  circunstancias indicadas al principio, y como ocurriera hace un siglo, de la sociedad civil han surgido en los últimos años varias iniciativas políticas, de las cuales dos se han consolidado en el panorama político español, C,s y UPyD. Ambos con perfiles ideológicos más difusos y transversales, como corresponde a los deseos de la sociedad actual, y siendo su ámbito ideológico el liberalismo progresista y el socialismo democrático.

Aunque los inicios de las dos formaciones presentan alguna diferencia en cuanto a los principios y circunstancias inspiradoras de su constitución, (en el caso de C,s., un movimiento que surge en Catalunya de la sociedad civil ante la necesidad de que  se respeten de una manera real y efectiva los derechos constitucionales, y en el de UPyD, un movimiento que con los mismo objetivos surge en el País Vasco, pero que acaba catalizando de la mano de Rosa Díez, especialmente en Madrid, el movimiento que se inicia un par de años antes en Catalunya), la realidad es que responden a una misma aspiración de los ciudadanos españoles, la aspiración de ser administrados, no solo en libertad, sino también con  justicia e igualdad. Lo ideal hubiera sido, tal como llegó a plantearse en UPyD, que ambos movimientos se hubieran desarrollado juntos, especialmente a partir del 2º Congreso de Ciudadanos, pero la inexperiencia de Albert Rivera y su equipo, unida a una insolente vanidad, digamos que juvenil, imposibilitó un proyecto político realmente esperanzador.

Lo que acabó por provocar y facilitar el distanciamiento de  los dos proyectos fueron los resquemores que quedaron del fracaso de las negociaciones iniciales y el  incomprensible error del intento de coalición con Libertas. Lo segundo provocó que  C,s. perdiera numerosos afiliados, pero sobre todo, sus estructuras de Madrid, Valencia, Andalucía y Aragón, (en el resto C,s. no estaba tan implantado y en Catalunya C,s. aguantó pero con una numerosísima pérdida de afiliados), y lo primero impulsó el que UPyD coaptara esas estructuras, opuestas frontalmente al pacto con Libertas, y se consolidara con extraordinaria velocidad, especialmente a partir del éxito electoral de las generales del 2008 y del deterioro de la situación política, económica y social. 

Pero ahora, ante la situación descrita y con los antecedentes que arrastramos históricamente en España, ¿está justificado ese distanciamiento?  O planteado de otra forma, ¿nos merecemos los españoles que, otra vez, los partidos que pueden significar y liderar un auténtico movimiento de regeneración política no sean capaces de ponerse de acuerdo por las ambiciones partidistas y personales de quienes los dirigen actualmente?

Ahora mismo, teniendo en cuenta los resultados de los últimos procesos electorales, los datos que arrojan encuestas realizadas recientemente y el clima de deterioro de sistema político, una hipotética  y deseable Unión de Ciudadanos Demócratas, formada por UPyD, C,s y  grupos afines, tendría unas expectativas de apoyo ciudadano que la colocarían, como mínimo, como la tercera fuerza política del país, transversal desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la implantación territorial, y acercándose a los dos actúales partidos mayoritarios.

El no consumarse una iniciativa de este tipo provocaría  una radicalización política; perder la oportunidad de evitar que los grupos nacionalistas condicionen la política española; la creación de una especie de frontera política entre Catalunya y el resto de España; la imposibilidad de que, tanto UPyD como C,s, puedan llegar a ser determinantes en la vida política española, más allá de apoyar circunstancialmente a otros; el aumento de la desafección de los ciudadanos ante la política al no tener una alternativa política seria y creíble de futuro y, lo más terrible, la posibilidad volver a repetir la historia, no en términos tan cruentos como en el pasado pero sí en términos de sufrimiento y pobreza social, como ya está ocurriendo.

Las posibilidades de ese pacto político pasan por la responsabilidad de UPyD, (porque es el único partido con capacidad actual para proponer dicho pacto), cuya dirección está obligada a poner a España por delante del propio partido y de las ambiciones personales de sus dirigentes y tomar las decisiones políticas necesarias para buscar ese pacto, aunque inicialmente no se pueda dar absolutamente por supuesto que la disponibilidad para el pacto manifestada en múltiples ocasiones por el líder de C,s, Albert Rivera, sea real, verdadera y sin condiciones personales, (quizás, después del éxito en la últimas elecciones autonómicas, esa disponibilidad haya podido quedar matizada).

España no está  en condiciones de esperar a que UPyD se consolide, dentro de no sé cuantos años, en todo el territorio nacional, España necesita soluciones ahora y necesita, sobre todo, un referente político que sea capaz de obligar al PSOE y al PP a un gran pacto de gobierno o, ante la negativa de éstos,  que sea capaz de asumir la gobernabilidad de España antes que el sistema político sea ocupado por multitud de grupos políticos, que no siempre manifiestan formas democráticas, y arrastren a España, otra vez, al pozo de la historia..

Este es el reto de Rosa Díez, seguir simplemente de líder de UPyD o aspirar a cambiar la historia de España buscando colaboración y sumando esfuerzos.

Angel Milla

ACCION POLITICA

El pasado viernes, tal como estaba previsto, tuvimos una reunión con el responsable de Acción Política de UPyD y Diputado en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán,  y, en contra de las reservas que expresé en mi  anterior artículo, sí, se habló de política general y también de aspectos relacionados con UPyD Catalunya, aunque desde mi punto de vista y en mi opinión la reunión resultó decepcionante.

Decepcionante tanto por los aspectos formales como por las cuestiones de fondo sobre las que versó la propia reunión.

Realmente que a una reunión como la del viernes que, contando con la presencia del máximo responsable de Acción Política de UPyD, con la situación política existente en Catalunya y en España y teniendo en cuenta que en pocos meses se celebrará el segundo congreso de UPyD, sólo asistan una escasa treintena de personas es decepcionante.

Aunque lo realmente decepcionante es que, preguntado por esta circunstancia, el responsable de Acción Política de nuestro partido lo considere  como algo perfectamente normal porque es lo que ocurre en todos los partidos. Ya sabemos que en España la participación política deja mucho que desear y, tal como reflejan las encuestas, los partidos políticos no son los más valorados por los ciudadanos españoles, pero UPyD se creó con el convencimiento que esta desafección se producía con los partidos viejos, con los partidos con estructuras enquistadas y alejadas de los ciudadanos,  con los partidos que funcionan como un fin en sí mismo en vez de cómo un medio para defender los derechos de los españoles pero, ¿con UPyD también? ¿UPyD, el partido que tiene como objetivo la regeneración democrática de la vida política española, ya es igual de viejo que los demás? ¿Qué ha ocurrido para que, contando  con un ideario totalmente necesario para la sociedad española, obteniendo un innegable éxito electoral y habiendo disfrutado de  una  extraordinaria afiliación, ahora la participación esté reducida a mínimos y sean muchos más los que se han ido que los que nos hemos quedamos? Y espero que no haya ningún insensato vanidoso que piense que los que se han ido son mejores que nosotros.

Este sí que es un asunto para estudiar y aclarar en el próximo congreso y no si la estructura que marcan los Estatutos se adecua a la realidad o no. Realmente este partido se nos ha hecho viejo en cuatro días. Con la cuarta parte del país en paro; con miles de personas arruinadas por la codicia desmedida del mundo financiero, desesperadas por no encontrar justicia y con una crisis institucional de imprevisibles consecuencias, a UPyD, tal como nos comunica el máximo responsable de Acción Política, lo que se le ocurre es plantear una reforma orgánica, directamente relacionada con el control del partido, con el objetivo de reducir la estructura que marcan los Estatutos. No me atrevo a poner ningún calificativo, de todos los que se me ocurren, a esta iniciativa que me parece totalmente inapropiada, por decirlo suavemente. O sea, que lo que nos propone la dirección del partido es que, ante la pérdida incesante de afiliados, lo adecuado es reducir la estructura del partido. Pues no, no señor, (aparte de que resulta patético que en las circunstancias actuales UPyD dedique tiempo a estas cuestiones), que no se toque para nada la estructura territorial que tenemos, que el ver todos esos consejos locales sin afiliados sea un acicate para que el Consejo de Dirección realice la correspondiente autocrítica y encuentre las razones por las que dichos consejos se han quedado sin afiliados.

Evidentemente, la solución fácil es anularlos, aunque ante esa decisión  me pregunto, ¿UPyD no tiene intención de recuperar la implantación territorial que tenía hace cuatro años? ¿UPyD pretende realizar su acción política desde los medios de comunicación?

Desde luego, manteniendo la cuota de afiliación en los niveles en que está no se facilita ese aumento de afiliados. Más bien, contribuye a que muchos, más o menos descontentos con la dirección orgánica del partido, se vayan por lo elevado de la cuota. Estos días todos los afiliados hemos recibido una carta de Rosa Díez en la que se hace referencia expresa a este tema de una forma muy desafortunada. Por un lado se reconoce el problema de lo elevado de la cuota de afiliación y por el otro se abandona a los afiliados sin proponer una solución adecuada, más allá de constatar que muchos afiliados tienen que pasar por la desagradable situación de tener que solicitar la reducción de cuota. ¿No sería mejor y más democrático  para UPyD tener más afiliados  pagando una cuota normal que no pocos pagando la cuota más alta del panorama político español? Y esto sin tener en cuenta la manifiesta inconstitucionalidad de que para pertenecer a un partido político a los españoles se les discrimine por razones económicas. Otro tema que, en mi opinión,  también habrá que tomar en consideración en el próximo congreso.

Volviendo a lo que se habló en la reunión del pasado viernes, a día de hoy, todavía no tengo claro con qué  intención se hizo referencia a un expediente de expulsión que se ha  incoado a unos concejales de UPyD en un pueblo de Andalucía. Y no lo tengo claro por varias razones. En primer lugar, de todo lo que se nos contó, este asunto  era de lo más desconocido para todos y el que menos nos podía interesar; en segundo lugar, ¿se pretendía realizar algún tipo de advertencia?, y, en tercer lugar, ¿se pretendía, simplemente, enfatizar sobre algo que debería ser obvio en UPyD, esto es, que quién incumple los Estatutos o las decisiones legítimas del Consejo de Dirección responde de acuerdo con los propios Estatutos?

Me gustaría inclinarme por la tercera posibilidad, porque es la que coincide con mi idea de UPyD, y creo que con la de la inmensa mayoría, y porque también es la que refleja Rosa Díez en su carta a los afiliados. La supremacía de nuestros Estatutos y la igualdad de todos ante ellos.

Y digo me gustaría porque la realidad no es así. Desconozco con exactitud cuáles son las circunstancias en las que se les ha incoado expediente de expulsión a los citados concejales, pero si, tal como se nos dijo, han pactado a espaldas del partido y obtenido beneficio de dicho pacto, no hay nada que objetar. La corrupción económica hay que erradicarla de raíz, pero lo mismo que la corrupción política. En UPyD no podemos permitir el que se ocupen cargos al margen de lo establecido en los Estatutos. Y en esta idea pedí explicaciones a quién correspondía, lo expuse en mi anterior artículo y lo vuelvo a manifestar aquí, ¿por qué el Consejo de Dirección no toma las medidas estatutarias correspondientes  contra el miembro del propio Consejo de Dirección que está actualmente atribuyéndose la función de Portavoz del Consejo Territorial de Catalunya sin poder serlo? ¿Tienen diferentes obligaciones o derechos los citados concejales de Andalucía que un miembro del Consejo de Dirección?

Lo lamentable de este asunto es que cuando a este consejero se le llamó la atención sobre esta circunstancia, su contestación fue decir que es una tontería el preocuparse de estas cuestiones y manifestó su total indiferencia, (opiniones que parece ser que avala el responsable de Acción Política al hacer referencia expresa a inútiles querellas internas, preocupante), demostrando su profundo desprecio por las más elementales normas de comportamiento democrático. Hubiera bastado que el responsable territorial lo hubiera nombrado  miembro de su junta, y lo hubiera hecho públicamente, para que pudiera ser nombrado Portavoz por delegación, pero, claro, entonces se habría tenido que presentar ante la Asamblea para conseguir una ratificación que él, con toda la razón, la debe considerar incierta. Ha preferido saltarse los Estatutos antes que presentarse ante la Asamblea y poniendo en evidencia a quién lo nombró.

En esta reunión salió a relucir la palabra “virrey” y salió  en boca del responsable de Acción Política para, como no podía ser de otra forma, dejar claro que en UPyD no se nombran virreyes. Y, evidentemente, no se nombran, pero la actitud y los modos del citado consejero es lo más parecido a la función de un virrey. Desde que este afiliado fue nombrado miembro del Consejo de Dirección, UPyD Catalunya ha sufrido una incesante pérdida de afiliados, se ha desmontado un Consejo Territorial democráticamente elegido, se desaprovechó la oportunidad de organizar un consejo de amplia representación sobre la gestora que sustituyó al anterior consejo y se está a punto de desmontar el segundo Consejo Territorial elegido democráticamente. Toda una carta de presentación.

Espero que no se actúe con el estilo del ex-presidente Zapatero, de no darse por enterado, ni con el del Presidente Rajoy, de no hacer nada, y que se sea consecuente con lo que manifiesta UPyD en el Congreso, tal como recalcó Irene Lozano hace unos días durante una comparecencia: “No hay estado de derecho si las élites se quedan al margen de la ley”.

Como no podía ser de otra forma, también salió el tema recurrente de Ciudadanos y, como ya es habitual, se volvió a constatar que lo que piensa el responsable de Acción Política al respecto y una parte importante de los afiliados a UPyD Catalunya es totalmente diferente.

Quizás a los que vivís fuera de Catalunya la situación que aquí vivimos os importe realmente poco, más allá de alusiones patrióticas a la unidad de España, pero a los que vivimos aquí y aspiramos a que esto siga siendo así nos importa mucho y muy mucho. Y por eso nos cuesta entender que la quintaesencia del pensamiento político de UPyD esté definida por un absurdo independentismo respecto de los demás partidos. ¿Al paso que vamos, cuantas legislaturas tenemos que esperar para ser decisivos en Catalunya y en España? Desde luego que transmitiendo la idea de que hay que reducir la estructura territorial, parece ser que muchas. ¿Por qué fijarse en lo que han resuelto mal el PSOE y el PP y no fijarse en lo que ha resuelto de una forma extraordinaria, para sus intereses, CiU? ¿O este caso no lo ha estudiado el responsable de Acción Política de UPyD? ¿Por qué esa aversión, no ya a pactar con C,s., sino siquiera a plantear la posibilidad de dicho pacto?

También aquí en Catalunya hay compañeros que opinan que para UPyD es mejor ir en solitario y seguir con ese “mantra” de que somos un partido nacional, a pesar de que, después de dos elecciones, en la comunidad más poblada tenemos una representación mínima y en la segunda ninguna. En la mitad del estado somos meramente testimoniales.

Y sí, como opinión perfectamente legítima, hasta es posible que sea cierta, y para UPyD sea mejor. Pero mucho me temo que los ciudadanos, los de aquí y los de allá,  no están en situación de esperar a la consolidación de UPyD a nivel nacional, así que, o nos decantamos como opción política, por consolidar a UPyD en todo el territorio nacional, y no se ve cuando se podrá conseguir ese objetivo, y abandonamos toda posibilidad de ser decisivos de inmediato o buscamos alianzas o pactos con partidos, asociaciones o grupos afines a nuestro ideario que nos permitan tener la envergadura necesaria para ser decisivos y, no solo poner de manifiesto las injusticias que padecen los ciudadanos, sino resolverlas. Este  es el dilema de UPyD, crecer con el objetivo de consolidar el partido en solitario o crecer junto a otros para realmente intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Y lo primero que habría que hacer es ver si las propuestas de colaboración que periódicamente lanza C,s. son reales o meros efectos propagandísticos. No quedará muy bien que en las próximas elecciones Europeas vayamos en coalición con otros partidos y en cambio, en casa, seamos incapaces de hacerlo con un partido que es casi clónico de UPyD, a pesar de que el responsable de Acción Política  de UPyD nos avergüence presumiendo públicamente de desconocer el programa político del partido más cercano a nosotros y que en Catalunya siempre lo eligen  muchas más personas que a nosotros.

Para acabar, me molestó muchísimo, como a otros afiliados, que se nos acusara de estar “mirándonos el ombligo” por preguntar sobre los problemas que tenemos en Catalunya y por buscar soluciones. Muy desagradable y muy injusto. No sé si se es consciente de que a UPyD Catalunya lo mantenemos vivo los afiliados que seguimos todavía, que buscamos soluciones reales y no ficticias, que asistimos a los actos del partido, que nos pateamos nuestras ciudades repartiendo nuestras ideas y que queremos una solución real y política a la actual situación en que nos encontramos.

En fin, como ya expresé  al principio, una reunión muy decepcionante en la forma y en el fondo, que en vez de servir para aportar soluciones solo dejó dudas, un manifiesto desagrado por esa molesta afición que tiene algunos a reprender a los demás y una pregunta, ¿realmente, a qué vino el responsable de Acción Política a Barcelona?

Angel Milla

IDEAS Y VALORES

IDEAS Y VALORES

Mañana espero que tengamos la oportunidad  de hablar de política en una reunión, que sin ser formalmente una asamblea de los afiliados de UPyD de Catalunya, es previsible que sea lo más parecido  por el motivo mismo de la reunión, por que se nos convoca específicamente a todos los afiliados, por la especial situación política que vivimos aquí en UPyD Catalunya y por contar con la presencia del responsable de Acción Política de UPyD y Diputado en el Congreso Carlos Martinez Gorriarán.

Dadas las escasas oportunidades, por no decir inexistentes, que tenemos de hablar y debatir de cuestiones políticas todos juntos, esta convocatoria la espero con expectación, máxime cuando vamos a contar con el máximo responsable de la acción política de nuestro partido, circunstancia que hace de esta convocatoria un acto imprescindible y que ninguno de los afiliados a UPyD Catalunya debería perderse.

Estas expectativas quedan matizadas por la dudas acerca de los temas que se tomarán en consideración y  es de esperar que la reunión no verse en exclusividad en criticar lo mal que lo hacen los demás y lo extraordinario de nuestras propuestas, sino que se analice la situación política que arrastra UPyD Catalunya, prácticamente desde sus inicios, y que está incidiendo de una forma tremendamente negativa en nuestra capacidad de influir en la situación política general.

La única forma de que un partido político consiga  tener influencia en la política, de una forma ética y justa, es la de  ser coherente con sus principios y estatutos  y exigir en casa lo que se exige fuera, y tener en cuenta que el objetivo de todas y de cada una de las  acciones y manifestaciones de sus afiliados  es el de defender los derechos de todos los ciudadanos y el de mejorar sus condiciones sociales y nunca ese objetivo puede ser el propio partido o la conservación de cargos o cuotas de poder o representatividad  por parte de nadie.

Hace ahora tres años que decidí afiliarme a UPyD después de leer y releer  el Manifiesto Fundacional y Estatutos en los que basaba su acción política. Y en los que sigo creyendo y defendiendo a toda costa, especialmente en las ideas y valores del acta fundacional de Unión, Progreso y Democracia.

Lamentablemente los hechos que han ocurrido posteriormente me hacen dudar seriamente de si  dentro del partido se comparten  en su totalidad esas ideas y valores  y esos Estatutos que, por otra parte,  UPyD defiende con vehemencia y tesón en los organismos en los que tiene  representación.

Recién afiliado tuvieron lugar las elecciones al Consejo Territorial y en las que altos cargos orgánicos del Partido hicieron público un absurdo apoyo a una de las candidaturas, no respetando las  ideas y valores del acta fundacional, además de violentar los Estatutos al dar, como cargos orgánicos del Partido, un apoyo a unos afiliados en contra de otros no respetando la igualdad de todos. A pesar de dicho apoyo, los afiliados en una amplia mayoría avalaron a la otra candidatura y aquí nadie pestañeó. Bueno sí, a quién se presentaba como portavoz de la candidatura rechazada, en una decisión perfectamente estatutaria pero vacía de sentido democrático, se le nombró miembro del Consejo de Dirección.

Apenas un año después, y debido a las dimisiones habidas en el Consejo Territorial y a que los afiliados nombrados para cubrirlas no habían sido ratificados por la Asamblea, se cesó al Consejo Territorial elegido en las elecciones citadas por pérdida de la mitad más uno de sus componentes. Una decisión que se ajustó a la literalidad de los Estatutos pero que, tomada pocos días antes de la fecha solicitada al Consejo de Dirección para que convocara la Asamblea en la que habían de ratificarse los nuevos componentes del Consejo, estaba totalmente vacía de espíritu democrático. Aunque en este caso hay algo más y algún día el Responsable de Organización se dignará a explicarnos qué Estatutos incumplía el Consejo Territorial “En su empeño en someter a votación asuntos como los informes político y de gestión…”,  que parece ser que fue lo que realmente provocó el cese del Consejo Territorial, según lo que comunicó el Responsable de Organización. Como he dicho, algo literalmente estatutario pero carente de espíritu democrático y contrario a las ideas y valores del acta fundacional. No sirvió de nada solicitar explicaciones y justificación sobre tal medida. A pesar de haberlo solicitado mediante el procedimiento estatutario, nadie se ha dignado en explicar los hechos.

Un  último despropósito que tiene  lugar en la actualidad en UPyD Catalunya, contrario a esas ideas y valores del acta fundacional,  y que realmente espero que sea el último,  es la situación creada al ocupar el cargo de Portavoz de UPyD Catalunya un afiliado que no pertenece al Consejo Territorial y, consecuentemente, no está autorizado a ocupar ese cargo. Lo lamentable del caso es que quién ocupa dicho cargo, incumpliendo los Estatutos, es un miembro del Consejo de Dirección. Alguien que debería ser un garante, precisamente, de que se cumplieran en todos los ámbitos del Partido los Estatutos.

 Este problema se hace más grave, si cabe, cuando al preguntar al actual Coordinador la respuesta que da es que es una decisión que se tomó ya en la primera reunión del Consejo recién elegido y que, parece ser, que con este proceder se pretendía evitar la  presencia, de quién ocupa irregularmente el cargo de Portavoz, en la candidatura del actual Coordinador y así no ser sometido al veredicto  de las urnas.

Aún hay otro despropósito, pero que enlaza con el anterior. Del equipo  del  actual Coordinador han dimitido casi la mitad de los miembros, entre ellos la responsable de organización y se han nombrado otras personas para ocupar sus cargos pero, hasta la fecha, nadie se ha molestado no ya de informarnos por las  razones de esas dimisiones, sino ni siquiera de informarnos de las dimisiones mismas y de los nuevos nombramientos. Y, mucho menos, de alegar qué méritos, de acuerdo con las ideas y valores del acta fundacional, reúnen las personas nombradas para cubrir las vacantes. Por cierto, realizados estos nombramientos dentro, esta vez sí, de las competencias estatutarias del Coordinador.

Cuando a los afiliados se les ignora, se desprecian sus derechos y no se les tiene en cuanta, se van. Y así es difícil llegar a tener la mínima influencia entre la sociedad. Si nosotros no somos capaces de respetar nuestras propias normas, ¿cómo vamos a exigir que los demás las cumplan?

Igual yo estoy equivocado y esto del cumplimientos de las normas no son más que legalismos tontos y que no va a ninguna parte. Y que, cómo me ha dicho alguno, ahora esto no es importante, que lo importante es hacer crecer el partido, ¿pero cómo se va hacer crecer el partido en estas circunstancias? Solamente con que  se hiciera  el esfuerzo de entender y aceptar las opiniones de los demás y las decisiones que, democráticamente, toman los afiliados y respetando nuestros principios, UPyD Catalunya crecería y tendría capacidad de influencia.

Mañana tendremos la oportunidad de escuchar a Carlos Martinez Gorriarán, no solo como  responsable de Acción Política de UPyD, sino como  representante del  Poder Legislativo del Estado Español, como Diputado encargado de la elaboración de las Leyes y, consecuentemente,  una persona que se supone celosa del cumplimiento de las mismas y es en este sentido en el que espero una opinión sobre si dentro de UPyD se considera fundamental para la acción política  el  respeto a los propios Estatutos y el respeto estricto  a que el  funcionamiento interno sea plenamente democrático o no.

Y sobre lo aquí relatado sirva para quien tenga la responsabilidad tome las medidas oportunas. Yo voy a seguir empeñándome, y hasta donde pueda, para que UPyD sea un partido nuevo totalmente democrático. Quiero un partido que respete sus ideas y valores como único camino para defender los derechos de los españoles y luchar por la mejora de sus condiciones sociales.

Sobre el otro punto que considero fundamental para la acción política, el referente a los objetivos que debe tener cualquier partido político, esperaré a escuchar a nuestro responsable de Acción Política para dar mi opinión. Espero que dada la situación en la que estamos inmersos, el objetivo no sea el de mantener ese absurdo del ser independiente a toda costa, porque nos arriesgamos a ser independientes de por vida y entonces, a los que intentamos mantener UPyD aquí en Catalunya, ya no nos valdrán ni principios ni Estatutos. 

Angel Milla